El Gobierno limitará el bono social, la tarifa con un descuento fijado por el Gobierno sobre la tarifa de último recurso (TUR), a las familias numerosas con rentas más bajas y no a todas como hasta ahora. Se mantiene, eso sí, para todos los hogares habituales con una potencia contratada inferior a 3 kW y para aquellos con dificultades económicas. Las eléctricas volverán a financiarlo.
A partir de ahora, una familia con cuatro hijos podrá acogerse al bono social siempre que sus ingresos se sitúen en una horquilla que va de los 27.000 a los 29.000 euros anuales, según han explicado fuentes del Ministerio de Industria. Es una cifra orientativa y aún deben concretarse cómo se tramitará la información entre los consumidores y las comercializadoras.
La medida se incluye dentro del real decreto ley de medidas urgentes del sistema eléctrico. Desde el Ministerio no han precisado que no han precisado cuántos de los hogares que se están beneficiando en la actualidad, que supera los tres millones, quedarán excluidos del mismo. “No todas las familias necesitan el bono social”, han señalado las mismas fuentes, que califican la medida de “razonable”.
La prórroga del bono social incluirá, asimismo, la obligación de que sean las compañías eléctricas nuevamente las que financien esta subvención, después de que una sentencia del Tribunal Supremo la eliminara. Ahora, Industria articulará la norma de forma que salvará los posibles recursos, han señalado en el departamento que dirige José Manuel Soria.
Además de los hogares con una potencia contratada inferior a 3 kW, seguirán beneficiándose del bono social aquellos que tengan menos de 10 kW siempre que cumplan alguno de los siguientes requisitos: mayores de 60 años que reciban la pensión mínima; mayores de 60 años que perciban una pensión de jubilación o invalidez y que no estén obligados a presentar declaración de renta, así como los beneficiarios de pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez; familias con todos su miembros en paro.
Junto a la modificación del bono social, la reforma energética aprobada hoy por el consejo de ministros cambia la denominación de la tarifa de último recurso (TUR), a la que están acogidos más de 17 millones de hogares y pymes por la de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor.
No obstante, se mantendrá la TUR para aquellos consumidores “que no pueden tener acceso a un comercializador”, como puede ocurrir con los morosos. “La TUR no era una tarifa regulada, sino un precio, porque se establece por un unos peajes y una subasta de energía, por lo que el Gobierno no interviene”, señalan desde el Ministerio para justificar el cambio de nomenclatura. De esta forma, el Ejecutivo pretende evitar el desgaste político que implican las subidas de la luz.
En cualquier caso, el nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor será exactamente igual que la TUR. Tan solo cambia el nombre. El Ministerio de Industria seguirá fijando los peajes anualmente y las revisiones del recibo se mantendrán cada trimestre.
La reforma sí modifica, sin embargo, el peso de las diferentes partidas que componen los peajes de acceso. De este modo, la parte fija de los mismos pasará del 30% actual al 50%, mientras que la variable se reducirá del 70% al 50%. Esta medida tendrá un impacto positivo sobre las viviendas habituales y negativo en las segundas y las vacías.
Fuente: invertia.com